También en la ULA el aula se muda a la calle
La Junta Directiva de la APULA hace del conocimiento público las siguientes consideraciones.
1. Los últimos 9 años han sido traumáticos para los universitarios. Desde el año 2004 se inició un nuevo ciclo del maltrato que se concretó en una política sistemática de restricciones financieras y presupuestarias y en el desconocimiento de los derechos laborales, socioeconómicos y académicos de los profesores, trabajadores y estudiantes universitarios. Desde entonces, cada año ha sido peor que el anterior. Desde el año 2007 se inició, en el marco de este esquema, la repetición de presupuestos, el congelamiento de partidas y asignaciones y la fijación unilateral e insuficiente de salarios. Cada ministro del despacho ha mantenido inalterable esta línea, pese a sus diferencias de estilos y modales.
2. Consecuentemente, la lucha que se ha librado desde el gremio profesoral para enfrentar esta nefasta política ha sido también muy dura y agotadora y no comenzó el mes pasado, cuando las movilizaciones y protestas de los universitarios se empezaron a sentir con mucha contundencia en la calle. Todo este tiempo enfrentando tan difícil situación ha forjado el carácter y la voluntad de la dirigencia gremial reunida en la FAPUV y hoy, esa misma dirigencia pide la confianza y el respaldo de sus compañeros para asumir una nueva etapa de la lucha que reivindica los derechos de todos los universitarios y el respeto de la dignidad de las universidades públicas venezolanas.
3. La crisis presupuestaria y salarial afecta de manera determinante y perjudicial el cumplimiento de la misión encomendada a la Universidad Pública por la Sociedad y el Estado, todo lo cual repercute negativamente en la normalidad de la dinámica institucional. Los insuficientes presupuestos afectan de manera considerable la dotación de las providencias estudiantiles, el mantenimiento y renovación de equipos e insumos de laboratorios, bibliotecas e infraestructuras y cada vez se hace más difícil proyectar la acción directa de la universidad sobre la sociedad a la que nos debemos. Se encuentra en peligro, por tanto, el ejercicio cabal de la docencia, la investigación y la extensión como misiones fundamentales de la universidad.
4. La situación salarial de los profesores y trabajadores universitarios es dramática. La pérdida de valor del salario real, por efecto de los altos niveles de inflación, y más recientemente por una fuerte devaluación de nuestro signo monetario, supera ya el 200%. A ello debe sumarse una política salarial que, desde el desconocimiento de las Normas
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de Homologación (NH), condena a muchos profesores de los escalafones iniciales de la carrera académica a tener un salario que se ubica en el rango del sueldo mínimo. Esta situación salarial ya está afectando de manera peligrosa la viabilidad de la estructura académica e institucional de la universidad: cátedras, departamentos, facultades e institutos, centros de investigación y estudios de pre y postgrado sufren el rigor de la precariedad salarial de los profesores.
5. La APULA, como gremio profesoral, legal y legítimamente constituido, le corresponde defender los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional y en nuestra propia convención colectiva de trabajo. Nuestra Carta Magna garantiza que los derechos laborales son progresivos, intangibles e irrenunciables y establece con absoluta claridad que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales” (Artículo 91); así mismo establece, sobre la protección de los docentes, que: “El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión” (Artículo 104).
6. La APULA y la inmensa mayoría de sus afiliados están declarados en conflicto en la exigencia de un salario que dignifique el trabajo y los méritos de los profesores universitarios. El ajuste del salario de los universitarios resulta inaplazable y el mismo debe repercutir en el ajuste de los “Beneficios Adicionales y por Extensión” (Bono Vacacional, Bono de Fin de Año, Caja de Ahorros, Prima por Hijos, Prima por Hijos en Condiciones Especiales, Prima por Hogar, Prima de Antigüedad, Prima por Grado Académico, Prima de Actualización Académica, Bono Doctoral, Prima de Apoyo Didáctico, Bono de Alimentación, Bono Salud); y en los llamados “Beneficios Complementarios” (Previsión Social, Aporte para HCM, Póliza Básica para HCM, Tutorial, Contingencia Médica, Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Fondo para Vivienda, Adelanto de Prestaciones Sociales, Anticipo de Intereses de Prestaciones Sociales, Programa de Beneficio Académico, Programa de Estímulo a la Producción y Rendimiento Académico, Aportes Federativos, Aporte para Estudios de Postgrado).
7. En la Junta Directiva Extraordinaria realizada por la FAPUV este miércoles 29 de mayo, el presidente de la APULA, en un todo conforme con la decisión de la base profesoral ulandina, no votó a favor del inicio del cese nacional de actividades académicas a partir de ese mismo día. Sin embargo, esa decisión fue finalmente adoptada por amplia mayoría de los integrantes de la Junta Directiva de la FAPUV, después de una larga discusión y un exhaustivo análisis de la grave situación universitaria nacional. Por tanto, la consulta realizada en la ULA sirvió para llevar ante la FAPUV una posición muy clara de la base profesoral. Recordemos que los resultados de esta consulta negaron el paro indefinido y se inclinaron a favor del paro de media jornada laboral. La opción de no asumir ningún tipo de paro fue derrotada abrumadoramente.
8. En virtud de la decisión de la Junta Directiva de la FAPUV del 29 de mayo, la cual tiene carácter vinculante para todas las asociaciones afiliadas a la FAPUV (Artículo 13, numeral 4 de los Estatutos de la FAPUV), la Junta Directiva de la APULA en su reunión
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extraordinaria del viernes 31 de mayo resolvió, también por amplia mayoría, que “la APULA reconoce el carácter vinculante de la decisión de la FAPUV y en virtud de ello declara el cese de actividades académicas en la ULA”.
9. Apelamos a la conciencia y compromiso de todos los agremiados de la APULA en esta muy difícil circunstancia. No es la hora de las opciones individuales. Formamos parte de un gremio nacional, estamos en un momento clave de la lucha gremial y ésta sólo puede aspirar al éxito si se lleva a cabo en unidad.
10. Durante la última semana la situación universitaria se ha complicado. El ministro Calzadilla cambió de parecer y después de expresar su intención de dialogar con la FAPUV, el martes 28 de mayo, día en que se reunió el CNU en la sede de la UNEFA se lavó las manos y negó la existencia de la crisis universitaria. De igual forma, tal como lo ha señalado públicamente la FAPUV, el ministro “se negó a nombrar la comisión que debe convenir con FAPUV las condiciones de trabajo y remuneración del personal docente de las universidades, y planteó como única opción, que el gremio legítimo y único de los profesores universitarios, asista sin derecho a voto a la reunión normativa laboral, a escuchar como otros deciden sobre el ajuste salarial y demás beneficios socioeconómicos, contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la libertad sindical, y se apropian de nuestros recursos de seguridad social, los cuales pretenden centralizar para que corran la misma suerte que los fideicomisos de los trabajadores petroleros”.
11. Expresamos nuestra solidaridad y respeto por la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de FAPUV, que ha sido citada a declarar ante el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demandada por defender la universidad venezolana y los derechos laborales de los profesores. Con la criminalización de la protesta y de sus dirigentes, no resolverán el grave problema universitario.
12. Ratificamos el llamado al cese de actividades académicas en la ULA, acompañado con actividades institucionales para defender los espacios universitarios y con actividades de calle para defender nuestros derechos. Este cese de actividades tiene carácter presencial, desarrollando en el horario de trabajo las actividades programadas por cada seccional de la APULA que al efecto, y mientras dure esta situación, se transforman en comités seccionales e intergremiales de conflicto.
Por la Junta Directiva,
Luis Loaiza Rincón Marylenlid Isla de Fernández
Presidente Secretaria
Mérida, 03 de junio de 2013
